Hoy, los Ciudadanos mexicanos sentimos que el dogma del sueño
democrático cuya gramática política está basada en los siguientes
significantes: democracia, elecciones, pobreza, libre mercado, crecimiento
económico, corrupción, narcotráfico, impunidad, gobernabilidad, redistribución
del ingreso, nos ha liberado. La “coyuntura”[1]
del momento está determinada por el cincuenta aniversario del movimiento y represión
estudiantil del 1968, lo cual marcó el nacimiento de nuestra “sociedad civil
disidente” y por lo tanto, el inicio de la transición del autoritarismo a las
elecciones democráticas. Después de cuatro elecciones, “ganó por fin por quien
votamos”, marcando un momento de ruptura en el que creemos tener un líder que
nos permitirá salir del pantano. La coyuntura también está determinada por la
percepción del fracaso del crecimiento sostenido y por el hecho que casi toda
la infraestructura Estatal y propiedad federal están privatizadas o
concesionadas. Además, en los dos últimos sexenios han incrementado los
impuestos a la clase media, se ha disparado el precio de la canasta básica y
energía (en proporción a su declive en calidad) encareciendo la vida en
general, al tiempo que se han extendido las exenciones de impuestos a
corporaciones y trasnacionales. De ahí a que tenemos un gobierno rico, por
corrupto, y legítimo -- legitimado por
la sociedad civil en las urnas –, que está empañado por la violencia descrita por
muchos como una guerra civil interminable, y por varias crisis sociales y
medioambientales entre las que destacan: Río Sonora, Atenco/AICM, Ayotzinapa.
Fuente: sinembargo.mx
Antes de las elecciones, surgieron dos publicaciones que buscaron diagnosticar
y hacer propuestas para el futuro del país desde los polos opuestos del espectro
de sensibilidades políticas. En ¿Y ahora
qué? México ante el 2018 editado por Héctor Aguilar Camín (et.al.), contribuyen
voceros y consejeros del poder constituido (egresados o docentes del ITAM,
tecnócratas e intelectuales veteranos que colaboran con el Estado dando
propuestas como Jorge G. Castañeda o José Woldenberg). El libro plantea
los problemas que encara el México contemporáneo y propone un mapa de acciones
posibles para resolverlos. Por su parte, los
contribuyentes a El futuro es hoy,
editado por Rafael Lemus y Humberto Beck, tienen estudios académicos en el
extranjero y se posicionan desde el “poder constituyente” para apelar a la
razón utópica y oponerse a la razón tecnocrática[2]. Si el “poder constituido” expresa la “razón
pragmática” para adecuar las estructuras y fuerzas del país a las necesidades
del mercado global, el “poder constituyente” busca a la imaginación radical y
utópica para elaborar imágenes ideales de la sociedad sugiriendo un nuevo vocabulario político para el futuro de
México: “equidad,” “autonomía,” “comunidad” y “lo público”.[3]
Desde el punto de vista de los autores de ¿Y ahora qué?, el problema de principal
en México es la corrupción y la consecuente debilidad de su Estado de derecho,
la baja calidad de los gobiernos y de la seguridad pública, la falta de
crecimiento económico ligada a la persistencia y aumento de la pobreza y
desigualdad[4].
Esta visión alineada con el paradigma del desarrollo, pugna por el crecimiento
económico y por enderezar las instituciones y evacuar la corrupción para lograr
una mejor repartición de la riqueza. Según Aguilar Camín, “México ha sacado la
mitad del cuerpo de las aguas del subdesarrollo”, y el problema de la
persistencia del subdesarrollo es la corrupción sistémica, que afecta desde la
competencia y precios en el mercado, la recaudación de impuestos, la calidad de
los servicios públicos, las elecciones, hasta la confianza en las instituciones
y en la democracia[5]. En
pocas palabras, los mexicanos somos corruptos por naturaleza y eso hace que
México siga en situación de atraso. Las soluciones residen en legislación
adecuada, reforzar y crear instituciones para impartir justicia imparcial,
procesos judiciales correctos, juicios morales. En un Estado en el que las
leyes se cumplan y las instituciones
públicas tengan la fuerza suficiente para contener a los criminales más
violentos, el ideal tecnócrata es: “lograr gobernabilidad con un mínimo de
represión y propiciar el crecimiento económico”[6].
Desde la perspectiva que el Estado es incompetente (o fallido), se necesita que
el gobierno tenga la capacidad de resolver problemas públicos, garantizar
infraestructura moderna, brindar seguridad social, salud y educación de
calidad, reducir la violencia, la propiedad y la libertad de las personas[7]. Otro
de los autores sugiere que la cuestión del narcotráfico y seguridad de Estado
se pueden solucionar con la despenalización del comercio y consumo de drogas en
México y Estados Unidos. Bajo esta lógica, su prohibición las hace más caras y
que se genere violencia[8],
por lo que legalizarlas implicaría acabar con la violencia crónica que se debe
a conflictos territoriales entre mafias y organizaciones criminales en
Guerrero, Michoacán, Morelos, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León. Parte del
problema es que los acuerdos con las autoridades, garantizan la impunidad de
los grupos criminales[9]. Igualmente,
para Beatriz Magaloni, la violencia en México está estrechamente ligada a la
debilidad del Estado y a la falta de un sistema legal efectivo. Como consecuencia,
comunidades enteras a lo largo y ancho del país viven aterradas bajo el yugo de
grupos criminales que controlan sus territorios y de policías inefectivos
coludidos con los grupos criminales[10].
La solución que propone para recuperar el control de los territorios del crimen
organizado es establecer instituciones sólidas y programas de pacificación tipo
el del gobierno de Medellín o el del BOPE en Brasil estableciendo programas de
prevención de violencia y prosperidad comunitaria.
Detrás estas perspectivas, sin embargo, se
perpetúa el eterno mito de “los dos Méxicos”, explicando la disparidad por
falta de educación, legislación, oportunidades e infraestructura, las cuales no
hemos logrado franquear debido a la percibida corrupción endémica del país. En
este esquema, la pobreza se considera como efecto de la falta de crecimiento
económico, de dependencia del exterior, y la culpable de socavar la cohesión
social. Las soluciones que se plantean son: combatir la corrupción e
implementar planes de desarrollo invirtiendo en educación, infraestructura y
producción. Para solucionar el problema del crecimiento económico del país,
Valeria Moy propone azuzar el dinamismo comercial invirtiendo en carreteras,
trenes de alta velocidad y líneas marítimas comunicadas con puertos en Estados
Unidos y enfocar la inversión e infraestructura a la “vocación” natural
económica de cada Estado, es decir, en lo que sean más productivos[11].
Al mismo tiempo, plantea al gas natural como una de las fuentes de energía más
importantes de México y que por lo tanto, es imprescindible hacerlo disponible
por todo el país, para atraer inversiones e impulsar la industria; inclusive
plantea la construcción de ductos de gas natural como prioridad nacional[12]. Finalmente
sugiere mejorar la infraestructura agroindustrial y continuidad con la
propagación del modelo de las Zonas Económicas Especiales, o regiones geográficas con leyes económicas más liberales que las leyes
económicas normales de un Estado (menos impuestos o no impuestos en
exportación, flujo libre de capital, sin mínimo de horas laborales, etc.)
para aumentar la inversión extranjera.
Para que las ZEEs funcionen, desde su perspectiva, es indispensable que reine
el Estado de Derecho, ya que: “De nada servirá tener el puerto más eficiente
del mundo, con la mejor tecnología o la mejor carretera, si éste puede ser
bloqueado por manifestantes a la menor provocación, impidiendo el paso de personas,
insumos o productos”.[13]
Sintomáticamente, en los diagnósticos y
propuestas de ¿Y ahora qué?, fenómenos
como Los Zetas, los huachicoleros, los Caballeros Templarios, las policías
comunitarias, los movimientos de resistencia contra la extracción, despojo y
megaproyectos por todo el país, son homogeneizados y puestos en la misma
canasta que conjuga al “crimen organizado” con “falta de Estado de Derecho”. Lo
que es más, no toman en cuenta cómo la presencia de mineras y megaproyectos han
afectado al tejido social (destruyéndolo, desplazando a miles de indígenas y
mestizos sus tierras) y a las instituciones (haciéndolas porosas), y cómo las
privatizaciones y la liberalización del mercado han cambiado radicalmente la
función del Estado – ahuecándolo, despolitizándolo y transformándolo en el
administrador de los recursos del país. Y precisamente el punto ciego de los
tecnócratas, para quienes la gente, el territorio, la tierra, los comunes, son
abstracciones aparentemente al servicio de los mercados globales, es su omisión
o ignorancia de los patrones visibles de violencia en el país. Según varios
periodistas y académicos, las formas de violencia que se ejercen en México
desde 2006, constituyen una nueva forma de paramilitarismo y contrainsurgencia
subcontratados que están beneficiando al sector privado y corporaciones
trasnacionales. Es decir, organizaciones criminales como Los
Zetas o Guerreros Unidos son el vehículo a través del cual los intereses
económicos del Estado y de las corporaciones están siendo asegurados[14].
De acuerdo con Dawn Paley, la guerra contra las drogas es en realidad una forma
intensificada de “doctrina de shock”[15]
que toma las formas de una guerra civil y de la práctica contrainsurgente de la
desaparición forzada[16],
para generar pánico y terror en la población y desplazar poblaciones urbanas y
rurales generando cambios en la propiedad de la tierra facilitando la
explotación de recursos[17].
Bajo esta lógica, no se trata de un “mínimo de represión” ni de “mantener el
Estado de derecho” para lograr conectar los flujos de capital del territorio
mexicano al resto del planeta. Se trata de grupos armados atacando a los
ciudadanos con el objetivo de reforzar su control de los territorios y
perpetuar el terror ejerciendo una forma de “limpieza de territorio” para
facilitar proyectos de infraestructura y extracción de recursos por
corporaciones trasnacionales y privadas. Un ejemplo donde se observa claramente
este patrón es la zona de la Cuenca de Burgos, que abarca Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas y el Norte de Veracruz, cuyo subsuelo contiene la cuarta reserva
mundial de gas esquisto –conectada con la del subsuelo de Texas – y que es un
territorio controlado por completo por los Zetas y donde se observa el patrón
de extorsión, desaparición forzada, violencia, creación de pueblos fantasmas e
instalación de compañías de extracción de gas esquisto. Federico Mastrogiovanni
describe cómo muchas empresas trasnacionales que extraen hidrocarburos a nivel
global, están utilizando la técnica de apoyar gobiernos autoritarios para generar
o difundir un alto nivel de violencia y terror que resulta en desplazamiento
forzado de las poblaciones que viven en zonas ricas en hidrocarburos. En el
caso concreto de México, instituciones no hacen nada por resolver los casos de
desaparición o extorsión, y de acuerdo con Mastrogiovanni, vivimos en una
situación genocida. No hay más que teclear en el buscador de internet: “San
Miguel de Aquila”; “Valle de Juárez”; “El Porvenir”; “Práxedis”;
“Carrizalillo”, y toda la información y testimonios están allí.
Claramente, las agendas económicas son las
fuentes de conflicto en la nueva guerra sucia/civil en un México gobernado por
un sistema de expertise despolitizado
incapaz de dar cuenta de la tensión entre los dos aspectos de la modernidad que lo gobiernan: la
interacción dinámica entre los individuales que desean y producen y se
auto-regulan en el mercado y las distintas formas de control, corrupción y
limpieza social necesarias para que lo anterior sea posible.
Grafiti del centro de Oaxaca. Crédito de
foto: Miguel Ventura
De este modo, el “México otro” del imaginario político de los
autores de ¿Y ahora qué?, funge como recurso
para ser explotado a partir de la fantasía o propaganda de haber territorios
despoblados con recursos ilimitados y mano de obra barata desarraigada y dispuesta
(o convencida por el ejercicio “mínimo de Estado de derecho”) a reconvertir sus
formas de vida y de ganarse la vida en base a las demandas del mercado global. Desde
esta perspectiva, el capital es la única forma de valorar los territorios: como
megaproyectos y a través del lenguaje de la extracción y desarrollo, enmarcados
por narrativas avocadas a la producción de plusvalía a corto plazo. De allí que
la pobreza se conciba como “falla” económica y social, siendo que “los pobres”
en su mayoría indígenas, se conciban bajo una lógica que es coherente con el
papel que han tenido siempre en la concepción de México como colonia, y luego
como Estado-nación. Además, el hecho de que la gramática que determine las
propuestas políticas de los autores de ¿Y
ahora qué?, se base en: “democracia”,
“prosperidad”, “desigualdad”, “lucha contra la corrupción”, oscurece un factor
clave para entender nuestra realidad actual. Que no es que el neoliberalismo incremente
la desigualdad, sino que de facto, crea
poblaciones redundantes que luchan
por su sobrevivencia ya que son más valiosas para el capital al ser eliminadas
y despojadas que explotadas en el mercado laboral[18].
Finalmente, en la mayoría de los ensayos de ¿Y
ahora qué?, la solución a los problemas del país es instaurar una variedad
de mecanismos para acabar con la corrupción y la impunidad. Sin embargo, de
acuerdo con Alejandro de Coss, uno de los contribuyentes a El futuro es hoy, la solución tecnócrata al problema de la
corrupción en realidad no es la de transformar las condiciones de producción y
desigualdad en las que ocurre la corrupción, sino que la finalidad de combatir
la impunidad es que el desarrollo capitalista pueda por fin brindar la
prosperidad y modernidad que nos promete[19].
Desde
el punto de vista de del “poder constituyente” en El futuro es hoy, los diagnósticos y propuestas son indisociables
de imágenes ideales de la sociedad dibujadas por un horizonte de pensamiento teórico[20]. Para Beck y Lemus, la primacía de la teoría sobre la práctica implica
nombrar y así anunciar un horizonte utópico con una nueva gramática política
estructurada por encarnaciones del futuro basadas en:
“igualdad”, “autonomía”, “equidad”, o “comunidad”, “lo público”. Sin embargo, con
tanta promesa de utopía, no pude sino decepcionare al toparme con ensayos más
de diagnóstico y crítica que de verdadera imaginación radical, y con varias
propuestas similares a las tecnocráticas de ¿Y
ahora qué?. Ambas publicaciones tienen inclusive el mismo formato de
resumen en puntos enumerados en un encuadre al final de cada texto. Por
ejemplo, Mario Arriagada Cuadriello propone “democratizar la democracia”, que
supone distribuir mejor los programas sociales a lo largo del país,
universalizar las políticas sociales básicas, garantizar igualdad de
oportunidades, limitar el gasto social hiperfocalizado, cobrar impuestos a la
herencia y acabar con la partidocracia y la impunidad[21]. En
pocas palabras: el combate a la corrupción, que se percibe como traba a la
democracia, y que además se puede arreglar con apertura hacia nuevos
experimentos políticos y con la reconstrucción de un pegamento nacional[22].
Con respecto al papel de la cultura en el México imaginado por ambas
publicaciones, me sorprendí al detectar una nostalgia común por el nacionalismo
y la insistencia en encontrar formas simbólicas para incitar la cohesión
nacional. Próximamente, la cultura se dejará de concebir como instrumento para
resarcir al tejido social a nivel micro (lo que yo llamo: “contrainsurgencia
subcontratada”), sino como un remedio a nivel macro para brindar una vida
cultural original y distintiva ante la homogeneización de la producción
cultural mexicana traída por la globalización. Otra propuesta que coincide en
ambos textos es la de brindar una renta básica como solución a la inequidad, o el
énfasis en la necesidad de un nuevo tipo de Estado de Bienestar. Luis Ángel
Monroy, por ejemplo, apuesta por “una sociedad en que todas las personas tengan
acceso a las mismas oportunidades”; y “cerrar la brecha de infraestructura
entre el sur y el resto del país”[23], que
son propuestas muy cercanas a las de los tecnócratas de ¿Y ahora qué?.
Más
allá de plantear a la corrupción como el problema central del país, Alejandro
de Coss acierta en plantear como imperativo poner al centro de la discusión del
futuro de México no sólo las condiciones generales de trabajo sino la
insostenibilidad del modelo de producción[24], que
es la causa principal de la devastación medioambiental y crisis social y
política del país. Y más allá de reconocer y reparar el daño hecho a las
comunidades de la Zona de Lerma, las adyacentes al Sistema Cutzmala y al Valle
del Mezquital que han sido destruidas para proveer agua en la Ciudad de México,
también es indispensable reconocer la dinámica de las zonas de sacrificio. Es
decir, que el capital asigna territorios y poblaciones para ser destruidos en
aras del bienestar de las poblaciones privilegiadas. Por eso, es indispensable reconocer
el papel que está jugando el crimen organizado en garantizar el actual proceso
de extracción por despojo por todo el territorio nacional, y luchar
colectivamente por la reversión de los decretos sobre aguas firmados por Peña
Nieto en junio de este año, su ley de hidrocarburos, la reforma laboral, la ley
de seguridad interior, etc.
Grafiti en Oaxaca, crédito de foto: Miguel
Ventura
Ello para garantizar acceso al agua y seguridad
alimentaria y la continuidad y arraigo de las diversas formas de vida del país.
Por eso es atinada la propuesta de Fernando Córdova Tapia, de plantear a
agroecología como solución a la crisis medioambiental, considerar a los
socio-ecosistemas como unidades complejas e indivisibles, la comercialización
justa de productos, proteger la riqueza biocultural de México y cumplir la libre
determinación de los pueblos sobre sus territorios (los Acuerdos de San Andrés,
firmados en 1996)[25].
Pero como en varios de los ensayos del libro, Córdova Tapia brinda una lista de
deseos sin soluciones concretas, dejando preguntas al aire como: ¿Cómo
desmantelar la red de agroindustria/megaproyectos/proyectos de extracción para
replantear la sustentabilidad del país y la seguridad alimentaria desde la
práctica de la agroecología? ¿Cómo tejer lazos de solidaridad sin precedentes
entre ciudadanos en enclaves urbanas con las poblaciones que están siendo
destruidas en aras de sus propios privilegios? Es por eso que si Eduardo
Santana y Sergio Graf denuncian la esquizofrenia del Estado en la protección
medioambiental, explicando cómo los planes parciales municipales, los
ordenamientos ecológicos territoriales y las manifestaciones de impacto
ambiental, no han cumplido los objetivos para los que fueron creados[26],
queda claro que no es que no seamos capaces de cambiar la legislación, frenar
la corrupción o proponer alternativas. Lo que ocurre no es que el Estado no funcione, sino que su razón
esquizofrénica le da justamente continuidad a las políticas neoliberales que se
implementaron desde hace más de 20 años para el campo mexicano. Por ejemplo,
con la firma del TLC no sólo se disolvió la propiedad ejidal en el artículo 27
de la Constitución mexicana, sino que el mercado mexicano de maíz lleva más de
20 años monopolizado por Maseca, Minsa y Cargill. Como consecuencia, es bien
sabido que millones de pequeños productores de maíz no pudieron competir contra
ellas, abandonaron la milpa y buscaron trabajo fuera de sus comunidades. ¿A
quién le va a interesar ejercer la agroecología si los campesinos han cortado
de tajo su lazo con la tierra?
Yásnaya
Gil subraya también la esquizofrenia del Estado en cuanto a su política con los
pueblos llamados “indígenas”. Describe cómo pesar de reconocer su autonomía y
libre determinación, el Estado sigue considerando su territorio como “propiedad
federal” y por lo tanto, sujeto a su disposición y vulnerable a ser sacrificado
para megaproyectos y proyectos de extracción, que precisamente violan la
gestión y la propiedad comunal de los territorios de los pueblos originarios (sabemos
que el derecho a consulta sobre el uso del territorio es una mera formalidad)[27]. Gil propone entonces, que la población
“indígena”, se de a la tarea primero, de escapar de la trampa del Estado
moderno que la ha homogeneizado; de ahí, crear formas de identificación que no
pasen por el Estado-nación, tener representantes directos sin partidos
políticos y sistemas de salud y educativo propios[28].
En fin, que el Estado, más allá del nuevo indigenismo multicultural que ha borrado
la historia ininterrumpida de violencia colonial, no sólo los reconozca
cultural, sino políticamente, llegando a establecerse en su seno una confederación de naciones autónomas[29].
Hay que considerar también que, por varias
razones, la realidad dibujada en ¿Y ahora
qué? y en cierta medida, en El futuro
es hoy, y la realidad, están
completamente disociadas, como lo están la realidad en la vida urbana y la
realidad de la vida en el campo. Entre ambas realidades, hay un hueco cavado
por la falta de consideración de los patrones de violencia y despojo que
acechan el país. La disociación de las realidades, se debe a un doble
movimiento en el que la hegemonía cubre verdades mientras que envía mensajes
(in)directos a la ciudadanía. Es decir, el poder selecciona y excluye los
eventos que le dan estructura al presente que percibimos. Luego aplica una
posibilidad de realidad entre muchas y al mismo tiempo, excluye e invisibiliza
otras. La manera en la que este mecanismo opera está ilustrado por el caso de
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa: Mientras que el Estado se
esforzó en establecer una “verdad histórica” en la que el culpable resultó ser
el crimen organizado, la realidad de
la desaparición forzada de los estudiantes (que fueron alumnos de la misma
escuela donde se graduó el líder guerrillero Lucio Cabañas) es un mensaje claro
(aunque invisible) de contrainsurgencia – ejecutada por milicias paramilitares
– contra jóvenes estudiantes politizados que habitan en el Triángulo de Oro en
Guerrero donde se encuentra Los Filos, la mayor minera en el país.
Hay que considerar también que a nivel
global, estamos pasando por la transición de la era del neoliberalismo de
Thatcher al de Trump. Uno de los gestos que define esta transición ocurrió en
noviembre del año pasado en la Cumbre de Cambio Climático de las Naciones
Unidas en Bonn, cuando el gobernador de California Jerry Brown les dijo a los
manifestantes indígenas exigiendo parar la extracción ilegal de gas esquisto de
sus tierras: “Let’s put you in the ground” (su consigna es “Keep it in the
ground”)[30]. Claramente están operando a nivel global nuevos esencialismos
utilitarios que van de la mano con la pérdida de tolerancia e inclusividad como
la justificación pública del darwinismo social y de la acumulación por
desplazamiento forzado y despojo. Así, se está estableciendo una nueva
cartografía neoliberal global basada en la competencia de “todos contra todos”
por el éxito en el mercado a través de una guerra civil planetaria. En otras
palabras, la era de Trump implica una ola imparable de extraccionismo y
acumulación por despojo, mientras que las élites que se benefician de esta
economía basada en la explotación de hidrocarburos really do not care. Estará por verse cómo ésto se manifiesta en México.
Melania Trump usando una chamarra de Zara con la leyenda “I really don’t
care, do you?” en una visita a un refugio de niños migrantes en Texas en junio
pasado.
Tal vez el hecho que tengamos un gobernante por el que hayamos votado,
sea la forma de propaganda del Siglo XXI: en vez de ser una fórmula de nacionalismo
copiada a la Alemania nazi, ahora se diseña de
nicho. En ese sentido, la presidencia de Enrique Peña Nieto puede verse
como un fallo estratégico de desconocimiento de “lo que quiere el pueblo”: no
un burdo presidente salido de Televisa, sino un presidente afín al ideal de
transición democrática, resultado del funcionamiento adecuado del sistema
electoral que reemplazó al monopolio autoritario del PRI, y a la sociedad civil
que tiene un espacio para denunciar la corrupción y exigir soluciones para
cerrar la brecha de desigualdad que impera en el país. Sin
embargo, desde los años ochenta, los objetivos colectivos son definidos en
México en términos “técnicos”: inflaciones, control de inflación, eficiencia,
productividad, tipo de interés, índices en la bolsa de valores, crecimiento
económico, como si fueran herramientas para alcanzar fines sociales y
políticos.[31]
Esta tecnocratización, aunada a la privatización y a las concesiones de la
infraestructura y servicios públicos, son la causa de la creciente vacuidad del
Estado, que se haya convertido en un holograma. En nuestra democracia, el
mercado es más poderoso que las elecciones. A ello se debe la imposibilidad de
acabar con la corrupción a pesar de la aplicación de leyes progresivas y de
cerrar la brecha de la desigualdad, a pesar de los programas de gobierno
(incluyendo de crédito barato, renta básica, nuevas formas del estado de
bienestar, etc.).
Así, mientras más credibilidad vaya
perdiendo el orden social, más militarizará el gobierno al país; mientras se
sigan privatizando o retirando las instituciones públicas, habrá más
vigilancia; mientras menos respeto sigan inspirando las autoridades, más
tratarán de mantenerlo por medio de la violencia combinada con el dogma del
triunfo de la democracia. De allí que el denunciar
la ineficacia del gobierno – por corrupción e ineficiencia – sirve como
elemento de aglutinación de la sociedad civil, que en vez de exigir el cese del
despojo, explotación territorial y catástrofe medioambiental, se une para exigir
que el gobierno “funcione”. Sin embargo, lo que debe aglutinar a la sociedad
civil no es la indignación contra el gobierno, sino el saber que el resultado
del modelo del capitalismo desarrollista son guerras civiles e irreversibilidad
del cambio climático y sus efectos. Saber que todo megaproyecto es una
catástrofe medioambiental y social originada en el despojo genocida del
territorio en continuidad con el desmantelamiento masivo de la sustentabilidad
del campo mexicano. Que el orden neoliberal global es una máquina para generar
formas de urbanización extrema enraizadas en la desigualdad; que la violencia
en el país debe de ser mirada a través del lente de la continuidad de la guerra
sucia contra la guerrilla en México desde los 1960s en Michoacán, Guerrero, Chihuahua
que ahora incluye métodos para infringir y maximizar el terror como
decapitación, desmembramiento, secuestro en masa, coches-bomba, bloqueos,
ejecuciones, disolución de cuerpos. Y que hoy, el secuestro, extorsión, tráfico
humano y de armas, huachicoleros, venta de acero, son frentes de negocios
ilegales tolerados por las redes de complicidad entre redes criminales,
políticos, autoridades federales y compañías trasnacionales. El saldo oficial
de la “Guerra contra las drogas” es de cien mil muertos y veintisiete mil
desaparecidos. Decenas de miles de ciudadanos se han convertido en refugiados
internos u obligados a salir del país. Ante este panorama, ¿Cómo asegurar los
derechos del mundo natural y de los pueblos “indígenas”? ¿Cómo derrocar la
tiranía del 1%? ¿Cómo garantizar las condiciones para la reproducción material
y simbólica de la vida colectiva en condiciones de amenaza y despojo? ¿Cómo
sustituir redes de competitividad en los mercados por tramas de
interdependencia y sustentabilidad en los territorios? ¿Cómo lograr una
confederación de territorios autónomos sin que la idea cause pánico
generalizado?
El poder o el gesto constituyente – y más en
teoría – no funciona si se quiere ocupar el complejo corporativo Santa Fe, la
obra del aeropuerto en Atenco, supermercados, las bodegas de la central de
abastos, containers transportando mercancías, granjas agroindustriales… ¿quién
los querrá tomar y para qué? Estamos viviendo en el cadáver del capitalismo que
comienza a pudrirse. Las hegemonías están rotas. Los indígenas desertando del
proyecto de nación existen de verdad.
Sólo la verdadera imaginación radical podrá traer un cambio de paradigma, de
una economía basada en la utilidad de la tierra, a la organización política que
apueste por la vida a partir de derechos de autogestión sobre el territorio,
inclusive áreas urbanas.
Fuentes
·
Franco ‘Bifo’
Berardi, Futurability: The Age of
Impotence and the Horizon of Possibility (London and New York: Verso,
2017).
·
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Gutiérrez, Coordinadora (Oaxaca: Pez en el Árbol, 2018)
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Guadalupe
Correa-Cabrera, Los Zetas: Criminal
Corporations, Energy and Civil War in Mexico (San Antonio: University of
Texas Press, 2017)
·
Ashley Dawson, Extreme Cities: The Peril and Promise of
Urban Life in the Age of Climate Change (London and New York: Verso, 2017)
·
The Invisible
Committee, Now (New York:
Semiotext(e), 2017)
·
Federico Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos (México: Grijalbo, 2014)
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1-3, Verónica Oikión Solano y Marga
Eugenia García Ugarte, Editoras. (Morelia; El Colegio de Michoacán CIESAS, 2009)
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mayo de 2018, disponible en red: http://www.jornada.unam.mx/2018/05/05/opinion/016a2pol
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Dawn Paley, Drug War Capitalism (Oakland: AKA Press,
2014)
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Wolfgang Streeck, How Will Capitalism End? (London and New
York: Verso, 2017)
·
Luis Villoro, Ensayos sobre indigenismo: Del indigenismo a la autonomía de los
pueblos indígenas, ed. Ambrosio Velasco Gómez (México: Biblioteca Nueva,
2017)
·
Oswaldo Zavala, Los cárteles no existen: Narcotráfico y cultura en México (México:
Malpaso, 2018)
[2] Introducción de El futuro es hoy, Humberto Beck y
Rafael Lemus, Editores (Madrid: Biblioteca Nueva, 2018), p. 11.
[4] Héctor Aguilar Camín, “Prólogo”, ¿Y Ahora qué? México ante el 2018, Héctor Aguilar Camín, Luis de la
Calle, María Amparo Casar, Jorge G. Castañeda, José Ramón Cossío Díaz, Eduardo
Guerero, Santiago Levy, José Woldenberg editores. (México D.F: Debate, 2017)
[7] Jorge Javier Romero Vadillo, “Gobernabilidad: Para hacer
gobernable la democracia”, ¿Y Ahora qué?,
p. 151.
177.
[14] Guadalupe
Correa-Cabrera, Los Zetas: Criminal
Corporations, Energy and Civil War in Mexico (San Antonio: University of
Texas Press, 2017)
[18] Ver: Irmgard Emmelhainz, La tiranía del sentido común: la
reconversión neoliberal de México (México D.F.: Paradiso, 2016).
[20] El futuro es hoy, Humberto Beck y
Rafael Lemus, Editores (Madrid: Biblioteca Nueva, 2018), p. 15.
[23] Luis Ángel Monroy, “Igualdad de Oportunidades: Un México donde
el origen no determine el destino”, El
futuro es hoy, p. 113.
[27] “Según el Registro Agrario Nacional, más del 75% del territorio
del estado de Oaxaca es de propiedad social (comunal o ejidal) y en ese
territorio se han autorizado más de trescientas concesiones mineras que no han
sido sometidas a consulta.” Yásnaya Elena A. Gil, “Nosotros sin México:
Naciones indígenas y autonomía”, El
futuro es hoy, pp. 144-145.
[30] “Vamos a enterrarlos a ustedes” (“déjenlo enterrado”). Mandy Mayfield, “California Gov. Jerry
Brown to protesters during climate speech: ‘Let’s put you in the ground’” Washington Examiner, November 11, 2017
disponible en red:
http://www.washingtonexaminer.com/california-gov-jerry-brown-to-protesters-during-climate-speech-lets-put-you-in-the-ground/article/2640410
[31] Ricardo Becerra, “Más allá del consenso de Washington: La
ineficiencia de los gobiernos”, El futuro
es hoy, p. 246.
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